Autor: revistacts

La misión del Banco Mundial está esculpida en piedra en su sede de Washington: “Nuestro Sueño es un Mundo sin Pobreza”. Pero, ¿qué es la pobreza? ¿Es un fenómeno que puede observarse y estudiarse sin cuestionar los paradigmas de desarrollo, crecimiento, poder, riqueza, trabajo y libertad insertos en las actuales instituciones culturales, sociales, políticas y económicas? ¿La pobreza es un síndrome o un fenómeno aparte, un conjunto de fenómenos aislados?

Como síndrome, la pobreza refleja presiones y tensiones causadas por el impacto político, económico, social, cultural y ambiental de sistemas desordenados de producción y consumo que amplían el foso entre aquellos que tienen el exceso y aquellos que no tienen lo esencial, frente a la complicidad entre los gobiernos y negocios responsables de una urbanización caótica, conflictos bélicos que llevan a emigraciones forzadas y la concentración de poblaciones en lugares de riesgo.

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Si partimos de una situación que nos permita corroborar “si dado A sucede B”, podríamos llegar a afirmar que “siempre” que tengamos A sucederá B. ¿Pero qué pasa si A está influenciada por alguna variable C que no estamos considerando? Por ejemplo, si le damos a A el valor de “llueve” y a B el valor de “me mojo”, podríamos decir: “Si llueve me mojo”. Pero si la variable C es “tengo paraguas”, ¿podemos también afirmar que “si llueve y tengo paraguas, me mojo”?

Creo que este ejemplo puede asociarse directamente a lo que sucede con la ciencia, la investigación científica y los investigadores. Durante la investigación científica se testean constantemente situaciones que pueden resumirse en “si tengo A sucede B”. Si esas situaciones pueden respaldarse se publican. ¿Pero que sucede si los hechos reales no son explicados completamente por esa proposición? ¿Qué sucede si en algún momento se observa una situación que contradice o que no queda reflejada por la proposición testeada? (Por ejemplo: “Si llueve y tengo paraguas, me mojo”). En estos casos, lo que debería suceder es un replanteo de la situación inicial testeada (por ejemplo: “si llueve me mojo”) para incorporar de alguna manera la variable C, que no había sido considerada hasta el momento.

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El continente antártico, las barreras de hielo y los archipiélagos circundantes están regulados bajo un régimen jurídico-político especial denominado Tratado Antártico (TA). Desde su entrada en vigor en 1961, los 12 países signatarios originales se comprometieron a mantener la paz en la región y promover el desarrollo de actividades científicas dentro de un marco de estrecha cooperación internacional. Con el correr de los años, nuevos interesados fueron sumándose a esta causa: en el presente más de 50 países sostienen activamente la premisa original.

Si bien los objetivos del TA son altamente positivos desde una perspectiva ambiental (por ejemplo, prohíbe las explosiones nucleares y la eliminación de desechos radioactivos), el tratado contiene pocas manifestaciones explícitas acerca del cuidado de los seres vivos y del ambiente en general. Esto se explica a partir de su contexto de origen, la década del 50, cuando la problemática ambiental aún no representaba una prioridad en el derecho internacional. No obstante, sus disposiciones permitieron desarrollos normativos ulteriores. Al mismo tiempo que nuevos países se sumaban al TA, también se consolidaron otros acuerdos orientados a proteger distintos organismos tales como focas y aves. De todos ellos, el más sustantivo desde la perspectiva ambiental es el Protocolo de Madrid, en vigencia desde 1998. (1)

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Desde diversos sectores sociales se está impulsando la idea de que los organismos genéticamente modificados (OGM) sean desarrollados desde el Estado. Sólo a modo de ejemplo, recientemente en Argentina dos nuevas variedades de vegetales que han sido elaboradas desde ámbitos estatales -una soja que se promociona como resistente a sequía y una papa que es señalada con capacidad de enfrentar la infección de un virus-, están en pleno proceso de aprobación (1). Esta situación constituye un escenario en cierta medida novedoso que ha sido considerado desde algunos ámbitos como capaz de generar una ruptura cualitativa con los escenarios vigentes en los que OGM son desarrollados exclusivamente por capitales y recursos humanos provenientes del ámbito de las empresas multinacionales. Sin embargo, resulta imperioso a nuestros fines discutir las diferencias reales entre ambos escenarios.

Ahora bien, de qué modo abordar un objetivo de este orden. La estrategia que utilizaré a continuación será la siguiente: rastrear algunos de los principales interrogantes (y sus supuestos asociados) cuya respuesta podría ser “OGM estatales”. Esto es: asumiendo que los OGM estatales son las respuestas, busquemos cuáles son esos interrogantes implícitos. Se trata de buscar las preguntas relativas a los OGM, los “para qué” de tal búsqueda tecnológica en manos de nuestros Estados. Sin dudas, es un aspecto imperioso de ser discutido (también) en contextos académicos, de modo de problematizar el rol de la ciencia y la tecnología en nuestros países, evitando dar por sentado beneficios per se e intentando rastrear cuáles son los argumentos que pretenden legitimar dicha propuesta. Cabe aclarar que el análisis que presentaré a continuación se centra en el caso de Argentina, por lo que -si bien es posible presentar algunas similitudes con otros Estados- también inevitablemente tendrá algunas particularidades. Vayamos pues en búsqueda de dichos interrogantes. A continuación, algunas preguntas cuya respuesta sea “OGM estatales”.

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Hoy en día, en nuestro contexto geográfico iberoamericano vemos cómo se manifiesta una vulnerabilidad socioeconómica importante de diversos colectivos sociales, a raíz de la crisis económica y por las condiciones históricas desfavorables en América Latina. Nos interesamos aquí por el caso particular de las personas con discapacidad. La gran mayoría de ellas viven condiciones de exclusión social y pobreza. Padecen falta de acceso a la educación y al empleo, lo que condiciona sus posibilidades de desarrollo personal, integración y participación social. Afrontan, además, otras situaciones discriminatorias, como la reproducción de prejuicios y estereotipos negativos hacia ellas en los medios de comunicación, que dificultan, aún más, su inclusión social (1). En materia de educación, es necesario tener en cuenta que la ‘integración’ de estudiantes con discapacidad en un centro ordinario no es sinónimo de ‘educación inclusiva’. No basta con que las niñas y los niños con discapacidad puedan sentarse en un aula general. Es perentorio que cuenten con oportunidades reales de desarrollo a lo largo de toda su trayectoria educativa y vital, para lo cual resulta imprescindible la presencia de profesionales de apoyo y de las figuras orientadoras necesarias.

El avance hacia la educación inclusiva muestra signos de estancamiento, debido a la paralización del proceso en dos modelos previos: la educación integrada y la educación segregada. El agotamiento de reiteradas políticas específicas de integración debería dejar paso a un compromiso decidido y continuo con la inclusión, basado en el análisis crítico de los problemas y en el desarrollo de buenas prácticas en educación inclusiva, susceptibles de ser transferidas entre los países de la región, para que se establezcan como pautas de actuación (2).

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