EL DEBATE: La presencia científica en la Antártida, ¿solución o problema ambiental?

 

Por Hernán Sala *

Instituto Antártico Argentino - Dirección Nacional del Antártico. Licenciado en Ciencias Biológicas (UBA, Argentina), diplomado superior en Políticas Públicas (UNSAM, Argentina).

 

El continente antártico, las barreras de hielo y los archipiélagos circundantes están regulados bajo un régimen jurídico-político especial denominado Tratado Antártico (TA). Desde su entrada en vigor en 1961, los 12 países signatarios originales se comprometieron a mantener la paz en la región y promover el desarrollo de actividades científicas dentro de un marco de estrecha cooperación internacional. Con el correr de los años, nuevos interesados fueron sumándose a esta causa: en el presente más de 50 países sostienen activamente la premisa original.

 

Si bien los objetivos del TA son altamente positivos desde una perspectiva ambiental (por ejemplo, prohíbe las explosiones nucleares y la eliminación de desechos radioactivos), el tratado contiene pocas manifestaciones explícitas acerca del cuidado de los seres vivos y del ambiente en general. Esto se explica a partir de su contexto de origen, la década del 50, cuando la problemática ambiental aún no representaba una prioridad en el derecho internacional. No obstante, sus disposiciones permitieron desarrollos normativos ulteriores. Al mismo tiempo que nuevos países se sumaban al TA, también se consolidaron otros acuerdos orientados a proteger distintos organismos tales como focas y aves. De todos ellos, el más sustantivo desde la perspectiva ambiental es el Protocolo de Madrid, en vigencia desde 1998. (1)

 

El Protocolo de Madrid establece de manera precisa cuáles son las pautas a seguir en temas de evaluación de impacto ambiental, gestión de residuos, áreas especialmente protegidas y protección de flora y fauna. Desde que fue puesto en acción, ha demostrado ser una herramienta suficientemente específica y a la vez amplia para gestionar una importante variedad de actividades que se desarrollan en la Antártida.

 

Sin embargo, algunos de los sucesos ambientales de los últimos años nos invitan a reflexionar. Uno de los cambios más evidentes y mejor documentados es el aumento de la temperatura del aire en superficie en el área de la Península Antártica. Tal incremento ha tenido un fuerte correlato en los hielos de la región: más del 80 % de los glaciares han reducido significativamente su área, su elevación o ambas. Aunque de manera menos formidable, también se han registrado incrementos en la temperatura del agua en los mares de Weddell, de Bellingshausen y en otras zonas marinas australes. A su vez, los eventos de fusión de la nieve que cubre la superficie del manto de hielo antártico occidental se han extendido notablemente, tanto en tiempo como en espacio, marcando una tendencia de escala casi continental. Una de las hipótesis más aceptadas sostiene que el origen de estos cambios está asociado a una alteración relativamente reciente en la circulación atmosférica del hemisferio sur.

 

Pareciera inevitable concluir que las medidas adoptadas no han sido suficientes para evitar estos fenómenos. Pero, ¿es realmente así? ¿Qué hubiera sucedido si no se hubiese dispuesto de los instrumentos normativos vigentes o si no se les hubiese dado cumplimiento efectivo? Sin duda la situación ambiental de la Antártida sería mucho más comprometida que la actual. De allí que pueda afirmarse que las medidas adoptadas dentro el área del TA han sido adecuadas y que -gracias a su cumplimiento- la Antártida aún continúa siendo un lugar relativamente prístino y bien conservado.

 

 

El Protocolo de Madrid cuenta con un mecanismo que permite su enmienda -en la medida que exista unanimidad entre todos sus miembros- y su adaptación al surgimiento de nuevas problemáticas. Mecanismos más o menos similares existen dentro de otros acuerdos que integran el STA. Sin embargo, más allá de este rasgo “evolutivo” y por cierto muy “saludable”, es necesario examinar si resulta necesaria una normativa ambiental antártica más estricta. A pesar de que el tema excede el espacio limitado de esta columna, reparemos ahora en algunos aspectos elementales para esbozar una respuesta sólida y basada en argumentos científicos.

 

En primer lugar, el hecho de que sea posible actualizar las normas relativas a determinados temas no constituye garantía de que todo incremento o “endurecimiento” de las regulaciones implique una incidencia directa, o siquiera incidencia alguna, en beneficio del medio ambiente antártico. Tomemos como ejemplo un asunto que ha generado cierto debate: la idea de reducir las actividades científicas que llevan adelante los países que realizan investigaciones en la Antártida.

 

Todos los años los países miembros del TA trasladan a la Antártida una cantidad de científicos, técnicos y logísticos que va desde un puñado hasta varios cientos e incluso, excepcionalmente, unos pocos miles. Visto con cierta parcialidad e ingenuidad, podría decirse que reducir la actividad científica en la Antártida traería aparejado un beneficio para su medio ambiente. Pero esta propuesta es cuestionable. ¿Qué sentido tendría reducir la actividad científica en la Antártida si al mismo tiempo ésta es visitada cada año por decenas de miles de turistas? Durante el verano austral 2007-2008, la actividad turística introdujo unas 50.000 personas dentro del área del TA. ¿Dónde se encuentra la racionalidad de una propuesta que pretende acotar una actividad sin proponer una medida equivalente para otra de mayores dimensiones y que ni siquiera redunda en beneficios reales para la humanidad en su conjunto? Recordemos además que la preservación de la paz y la libertad para realizar investigaciones constituyen el eje central del TA. Establecer restricciones a las actividades científicas que llevan adelante los programas nacionales -todas ellas dentro de la normativa del STA- sería entrar en contradicción con la propia esencia del tratado.

 

Otro aspecto es la propuesta de incorporar nuevas tecnologías que reemplacen o al menos reduzcan el uso de combustibles fósiles dentro del área del TA. Aunque desde ya estas tecnologías constituyen elementos deseables para su aplicación no sólo en la Antártida sino en cualquier otra parte del planeta, debemos preguntarnos si es posible revertir todos o algunos de los grandes cambios observados en la Antártida a partir del uso de tecnologías limpias. Desafortunadamente, la respuesta es negativa: las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen en la Antártida como resultado de las actividades científicas son despreciables.

 

Muchos de los cambios mencionados ni siquiera tienen su origen dentro del área del TA. El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) advierte sobre el notable efecto amplificatorio que se produce en las regiones polares como consecuencia del cambio global. Las medidas necesarias para revertir o mitigar los principales cambios registrados en la Antártida exceden a lo que pueda realizarse dentro de sus límites. Este argumento no invalida ni resta importancia al problema. Los recursos de gestión vigentes en la Antártida admiten y proponen la adopción de medidas, pero siempre que sean científicamente fundamentadas. Acciones basadas sólo en buenas intenciones no contribuyen a proteger el medio ambiente antártico e incluso crean falsas expectativas, dispersan esfuerzos y generan frustración y confusión.

 

El STA está haciendo el mejor esfuerzo posible para la conservación del medio ambiente antártico y cuenta con mecanismos adecuados para mejorar sus herramientas de gestión. Sin embargo, no es posible exigirle que revierta tendencias globales que exceden sus límites geográficos y políticos. Para revertir estas tendencias -que tienen claros efectos sobre la Antártida- se requiere el cumplimiento de acuerdos más amplios. Antes que pensar en restringir la actividad científica en la Antártida o en endurecer la normativa ambiental sin un adecuado fundamento científico, es mucho más razonable solicitar que se brinde cumplimiento a otros acuerdos internacionales que exceden al STA y que lograrían un beneficio ambiental no sólo para la Antártida, sino para el planeta en general.

 

 

Notas al pie

 

* El autor agradece la lectura crítica y las sugerencias realizadas por la Lic. Patricia Ortúzar.

 

(1) Vale la pena aclarar que, cuando se hace referencia a todo el conjunto de herramientas políticas y de gestión, se suele utilizar la expresión colectiva Sistema del Tratado Antártico (STA), el cual incluye al propio TA, al Protocolo de Madrid y a otros acuerdos internacionales. 

 

 

Publicado el 23 de noviembre de 2016